Los informes tienen el riesgo de convertirse en algo que hay que “rellenar”, un documento burocratizado y poco comprometido que proporcione escasa información significativa sobre los niños y niñas. Además, en varias comunidades autónomas es algo exigido por la administración -tres informes al año- y vivido como algo impuesto, especialmente en los centros que atienden al primer ciclo.
Hay que intentar que sean un buen instrumento de comunicación que responda de forma eficaz al derecho de las familias a ser informadas sobre la marcha de sus hijas e hijos.
